La suspensión del aumento del salario mínimo y la foto de la precariedad laboral en Colombia
El Consejo de Estado frenó un decreto que proponía subir 23,7% el salario mínimo; los datos del DANE muestran que casi la mitad de los ocupados gana por debajo del mínimo.
Vemos dos cosas al mismo tiempo: una decisión judicial que pulveriza certezas y una fotografía laboral que explica por qué la pulseada no es abstracta.
El freno judicial y la cifra que sacude
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un incremento del 23,7% en el salario mínimo, dejando al Gobierno con ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio (fuente: comunicado del Consejo de Estado citado por Infobae). El monto de referencia vigente era $1.423.500 pesos colombianos mensuales (según Fedesarrollo citado en la nota).
Esa discusión por el porcentaje no puede separarse de los números reales del mercado laboral. Según el DANE, entre enero y octubre de 2025 hubo 11,38 millones de trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo (base: ocupados ene-oct 2025) —es decir, el 48,9% de los ocupados en ese periodo—; ese registro es 895.000 personas más que en 2023, cuando se reportaron 10,49 millones (fuente: DANE, informe de mercado laboral citado por Infobae).
Qué nos dicen las distribuciones
La distribución salarial muestra concentración en rangos bajos: 2,4 millones de personas ganan exactamente un salario mínimo (una caída de 1,3 millones frente a 2024, según la misma serie del DANE), mientras que alrededor de 6 millones reciben entre uno y dos salarios mínimos (aumento interanual de 316.000). Fedesarrollo interpreta que, sobre una fuerza de trabajo de poco más de 22 millones, más de 11,3 millones viven con ingresos inferiores a $1.423.500 (fuente: Fedesarrollo).
Es decir: no estamos ante un problema solo de cuánto subir la cifra nominal, sino de cómo se recomponen los tramos salariales y cómo reaccionan las empresas y los mercados de trabajo.
Señales de ajuste: precarización y cambios en la contratación
Académicos y cámaras empresariales han advertido efectos no buscados. Juliana Morad, de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que aumentos elevados pueden transformar el salario en un "techo": trabajadores que antes ganaban entre dos y tres salarios mínimos terminaron en torno a uno solo, y las empresas buscaron alternativas como contratos a tiempo parcial (fuente: La República, citada en la nota). Asocajas identifica al menos diez actividades económicas donde la inmensa mayoría de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos, entre ellas comercio ambulante, servicios de limpieza, transporte mixto y catering (fuente: Asocajas).
Esa reacción refleja un problema conocido: subidas nominales amplias sin contrapartidas de productividad o incentivos a la formalización pueden acelerar la informalidad, la rotación y la reducción de horas.
Qué podemos exigir más allá del decreto
Primero, transparencia: si el ajuste es necesario para proteger poder adquisitivo, el Estado debe mostrar simulaciones por sector y por tamaño de empresa (cuánto cuesta y cómo se financia). Segundo, inspección y sanciones efectivas; las normas sin control son letra muerta. Tercero, medidas complementarias: subsidios temporales para pequeñas empresas, incentivos a la contratación formal y formación para elevar productividad en sectores intensivos en mano de obra.
No negamos la legitimidad de proteger el ingreso de los más vulnerables; sí exigimos que las políticas no se impongan como milagro nominal que luego se traduce en empleo precario. Si en enero-octubre de 2025 casi la mitad de los ocupados gana por debajo del salario mínimo (48,9% según DANE), la receta no puede ser solo aumentar la cifra y esperar que el mercado la absorba sin consecuencias (fuente: DANE, Fedesarrollo).
Cierre: más preguntas que slogans
La suspensión del decreto obliga a preguntar: ¿qué equilibrio buscamos entre salario mínimo y empleo de calidad? ¿Quién paga el ajuste efectivo y quién se beneficia de las estadísticas infladas? Hay que evitar soluciones de gesto que alivian titulares y empeoran balances reales. En la discusión pública proponemos medir resultados, no solo intenciones: proteger el ingreso de los trabajadores, potenciar la formalización y fortalecer la capacidad estatal para vigilar el cumplimiento.
Solo así la discusión dejará de ser una batalla retórica y se volverá política pública con efectos reales para los más de 11 millones de colombianos cuyo salario está por debajo del mínimo legal (fuente: DANE).
